Las garantías procesales constitucionales corresponden a lo que se ha dado en llamar “Derecho Procesal Constitucional”, expresión empleada a mediados del siglo pasado por Niceto Alcalá Zamora y utilizada luego para sistematizar las instituciones y los principios jurídicos procesales relacionados con las garantías constitucionales. A pesar de no ser Kelsen un teórico del derecho procesal se le atribuye la paternidad del Derecho Procesal Constitucional por la promoción que en 1920 hizo de la Corte Constitucional en la Constitución Austriaca.
En 1928 Kelsen publicó un ensayo donde desarrolló los principios e instituciones del derecho procesal constitucional y ubicó esta Corte Constitucional como órgano competente para conocer de las defensas de la Constitución. Fue ello lo que dio origen a la famosa polémica con Carl Smith. A Kelsen se sumaron, luego, Piero Calamandrei, Eduardo Couture y Mauro Capelleti.
En la constitución austriaca de 1920 se estableció el control concentrado de la constitución a través de un órgano especializado. El control difuso apareció posteriormente en América, en los Estados Unidos. Este control difuso establece que no sólo existe un órgano especializado para el control de la Constitución, sino que en los casos donde una disposición legislativa contradiga el Texto Fundamental cualquier juez puede ejercer el control de la constitución. Es esto precisamente lo que se denomina control difuso de la Constitución.
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
En nuestros días no existe unanimidad sobre la aceptación del Derecho Procesal Constitucional como disciplina jurídica autónoma a pesar de que existen legislaciones que la desarrollan, tales como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú, donde existen tribunales constitucionales, y de otros países, tales como Venezuela, Costa Rica, El salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay, donde hay Salas Constitucionales que se avocan al tema con competencia expresa.
Por cierto, el primer tribunal constitucional de Latinoamérica nació en Cuba en 1949 y tuvo su origen en la Constitución de ese país de 1940, en la cual existía una sala denominada Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, posiblemente sustentado en un órgano similar que en 1931 se encontraba en la Constitución Española de la Segunda República.
La constitucionalización de las garantías procesales en Europa trajo como consecuencia que, en las Leyes Supremas americanas, se incorporaran normas para limitar el poder del Estado cuando dicho poder se propusiera dejar sin efecto libertades y/o derechos ciudadanos. Es así, como aparece en América lo que, con acierto, ustedes han denominado: “Óptica constitucional de las garantías procesales”.
DIFERENCIA ENTRE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Ahora bien, una cosa son los derechos constitucionales y otra las garantías contenidas en la Carta Magna. Estas son medios procesales para hacer efectivos los derechos constitucionales. Por otra parte, las garantías procesales constitucionales son vinculantes y obligatorias para los ciudadanos y ciudadanas aún cuando sean o no ejercidas. En todo caso, la renuncia al ejercicio de la garantía procesal constitucional no implica la renuncia al derecho constitucional establecido.
LA TUTELA JUDICIAL Y EFECTIVA Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.
Para algunos la tutela judicial efectiva es la suma de todos los derechos y garantías constitucionales procesales contenidos en la norma que contiene el debido proceso. Esta es la tesis que sostiene la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, al interpretar los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Para otros, es a la inversa. El debido proceso contiene la tutela judicial efectiva. Estos consideran que la tutela judicial efectiva se encuentra dentro del debido proceso. Para ellos tutela judicial efectiva y debido proceso son garantías procesales constitucionales diferentes.
La tutela judicial efectiva comporta el derecho al acceso a los tribunales, el derecho a la efectividad de las decisiones judiciales y el derecho al ejercicio de los recursos previstos en la ley y se la debe tener en cuenta desde el momento en el cual se accede al órgano jurisdiccional y hasta el instante en el cual se procede a la ejecución de la decisión tomada. Para nosotros, la tutela judicial efectiva y el debido proceso son garantías autónomas, independientes, diferentes y, por ello, la lesión al debido proceso no implica la lesión de ésta y viceversa.
GARANTÍA SOBRE LA PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS
El artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza, sin discriminación alguna, a todas las personas, conforme al “principio de progresividad”, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente, de los derechos humanos. Progresividad significa avance, derechos cuyo desarrollo debe ser continuado e irreversible. Es el desenvolvimiento sostenido -con fuerza extensiva en los derechos fundamentales- mediante el cual se manifiesta la protección y la relevancia evolutiva de esos derechos. Su comprensión, interpretación y aplicación es indispensable para que se la entienda como tal.
ALGUNAS MUESTRAS DE ESTA PROGRESIVIDAD EN LA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA
Garantía de la no discriminación. La no discriminación se fundamenta en la igualdad y su propósito es que la ley sea real y efectiva. No solo se trata de prohibir discriminaciones fundadas en raza, sexo, credo, condición social y aquellas otras que menoscaben o impidan el goce o ejercicio de los derechos, sino de todas las que impidan el goce o ejercicio de las libertades de la persona.
Es necesario para que no existan discriminaciones, que la ley se aplique de manera uniforme, sin vacilaciones ni variaciones perjudiciales, en todos los casos donde las situaciones sean sustancialmente análogas. La igualdad debe comprenderse en conexión con la libertad, por que entre una y otra existe una relación totalmente complementaria. La igualdad, por lo demás, es inseparable de la dignidad.
Garantía de la irrenunciabilidad a los derechos constitucionales. La irrenunciabilidad debe entenderse en el sentido de que ninguna persona está obligada, ni podrá ser conminada, a renunciar a los derechos que le son propios. Ello implica que no podrá establecerse la perdida de ningún derecho, ni por iniciativa propia, ni por imposición ni por decisión o mandato de algún ente del Estado.
La irreversibilidad a la cual hicimos referencia, cuando nos referimos a la progresividad, se repite otra vez. Ella y la irrenunciabilidad guardan estrecha relación toda vez que formalmente reconocido el derecho constitucional de la persona, automática y prácticamente, de inmediato, pasa ese derecho a ser irreversible y se le debe tener como inscrito en la enumeración constitucional que lo hace irrenunciable.
Tampoco es posible, desarrollando con mayor especificidad el carácter irrenunciable de los derechos constitucionales, considerar a estos con efectos parciales ni en porciones. Los derechos, tanto los constitucionales como los legales, son integralmente indivisibles y, por lo tanto, ni siquiera de forma parcial pueden ser renunciados.
Garantía del principio de la interdependencia. En cuanto a la interdependencia, esta característica es inherente a cada derecho. Debe entendérsela como la sintonía y la mutua reciprocidad entre el ciudadano y el Estado. Es un compromiso de ambos que implica el equilibrio. Debe prevalecer para las partes y para el órgano decisor que intervienen en el proceso.
Ello significa, como lo pregona la igualdad ante la ley, que tanto la defensa como la acusación deben contar con iguales oportunidades y recursos para hacer valer sus alegatos y recursos. El juzgador es solo un vigilante activo que debe mantener la igualdad y el estado de equilibrio entre las partes.
El DEBIDO PROCESO
Todo proceso judicial debe ser justo, razonable, confiable y estar rodeado de un mínimo de garantías constitucionales procesales que eviten la lesión a los derechos materiales de los ciudadanos y ciudadanas. Nos referimos a un proceso judicial y a un proceso administrativo.
El debido proceso tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la ley y debe garantiza los límites al poder jurisdiccional del Estado para que no se convierta en una forma de atropellar a los ciudadanos y ciudadanas. Nace en el principio de la legalidad procesal, a través de un verdadero y eficaz contradictorio donde se brinde a la persona la oportunidad de ejercer plenamente su defensa.
Todo juicio debe ser imparcial, transparente, idóneo, confiable y garantizar la defensa de la vida, la libertad, los bienes y demás derechos del ciudadano o ciudadanas. Aglutina la suma de los derechos y garantías procesales constitucionales que permiten una justicia pronta y efectiva así como la notificación adecuada de los hechos imputados.
El debido proceso es un derecho complejo que encierra dentro de si un conjunto de garantías que, a la vez, se traducen en derechos para el procesado. El justiciable no puede renunciar al debido proceso y este no se articula de manera aislada, puesto que se encuentra vinculado a otros derechos constitucionales fundamentales.
Atiende, el debido proceso, un elenco de garantías procesales 1. El derecho a la defensa 2. La presunción de inocencia 3. El derecho a ser oído 4. El derecho al juez natural 5. El derecho a no ser constreñido para confesarse culpable contra sí mismo 6. Al principio de la validez de la confesión sólo cuando se ha realizado sin coacción 7. Al Principio de nulla crimen nulla poena sine lege 8. Al derecho a la reparación del Estado por errores judiciales.
BREVES NOTAS SOBRE ALGUNOS DE ESTOS DERECHOS CONTENIDOS EN EL DEBIDO PROCESO
El tiempo limita y esta conferencia apenas permite abordar algunos de los derechos concentrados en el debido proceso. Nos referiremos a los más comunes.
Dentro de las garantías procesales constitucionales mínimas en todo proceso jurisdiccional o administrativo se encuentra EL DERECHO A LA DEFENSA. Es un derecho de rango constitucional según el cual toda persona en las oportunidades legalmente previstas se le permite realizar acciones, alegatos de hecho o de derecho y excepciones que le sirvan para beneficiar sus intereses o bien para producir pruebas que le favorezcan, e incluso para contradecir, anular o modificar los hechos que se le atribuyen. Puede ejercerse el derecho a la defensa, directamente o a través de quien con asistencia letrada opere, en procesos judiciales, el quehacer material y técnico-jurídico de la justicia.
Otra garantía constitucional contenida en el debido proceso es EL DERECHO A SER JUZGADO POR JUECES NATURALES. Estos jueces son los que han sido constituidos legítimamente y están predeterminados por la ley, con antelación a la ocurrencia del o los hechos por el cual o por los cuales se produce el juzgamiento. Ellos se hallan investidos de jurisdicción y competencia para actuar. No son ad hoc, ni excepcionales y deben ser imparciales, independientes, idóneos e identificables. Es decir con rostro visible y descubierto.
A partir del oprobio que significaron los tribunales del Santo Oficio, cuyo pilar fundamental era la presunción de culpabilidad, la Revolución Francesa dio origen al PRINCIPIO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA en lo que fue la primera declaración sobre derechos humanos. La Presunción de Inocencia es el derecho de aquellos, a quienes se les imputa la comisión de un hecho punible, a que se les tenga o presuma inocentes, hasta tanto no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”; lo que equivale a un trato adecuado a la libertad y a la integridad personal de quien se somete a juicio. La presunción de inocencia se mantiene en todo estado y grado de la causa; no es una mera declaración de ideas y la moldea un ideal que en conjunto debe proyectar todo el devenir procesal.
EL AMPARO CONSTITUCIONAL
Fernández Segado, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y profesor honorario de 14 universidades de América Latina afirma que los primeros indicios del amparo constitucional actual tienen su origen en la Carta del Estado Mexicano de Yucatán del 16 de marzo de 1841.
Según el profesor Fernández Segado fue el jurista mexicano Manuel Crescencio Rejón quien diseñó los rasgos fundamentales del juicio de amparo, con base a la “revisión judicial” norteamericana, la cual trasplantó al ordenamiento constitucional de Mexico. Afirma Fernádez Segado que la denominación de amparo la extrajo de un instituto jurídico hispano de la familia de los interdictos posesorios, que en los textos más antiguos de Castilla y Aragón se conoció como Amparo Colonial.
En Venezuela, el amparo comenzó a conocerse en la Asamblea nacional Constituyente de 1947 aunque la Carta Magna de esa fecha solo consagró, para ese momento, solamente el hábeas corpus. No fue sino en la Constitución de 1961 cuando la Comisión Bicameral de esa época incorporó el artículo 49 que establecía el amparo “a todos los habitantes de la República en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales en conformidad con la ley”. La promulgación de esta ley se llevó a cabo el 22 de enero de 1988 y con la Constitución de 1999 esa Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales sufrió modificaciones, para adaptarla al nuevo Texto Constitucional.
La nueva Constitución agregó a esta protección constitucional los derechos y garantías inherentes a la persona aún cuando no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; estableció para su ejercicio todo el tiempo y la preferencia a cualquier otro asunto así como la no afectación del mismo por la declaración de estado de excepción o restricción de garantías.
En Venezuela, el amparo constitucional es una acción autónoma de carácter extraordinaria destinada a proteger los derechos y garantías contenidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales a través de un procedimiento oral, gratuito, breve, no sujeto a formalidad alguna, que en ausencia de medios ordinarios destinados a esa protección tiende a restablecer el orden jurídico infringido por alguna lesión, amenaza de lesión o bien por omisión de los ya referidos derechos y garantías constitucionales.
Cuando tiene por objeto la libertad y seguridad personal se interpone por ante los tribunales de control; y en los casos de materias que nada tengan que ver con la pena, por ante tribunales unipersonales competentes o afines con la materia cuya violación o amenaza de violación se denuncia. Se tramita en doble instancia y, en la última de ellas, la decisión puede ser revisada de oficio o a petición de parte por la Sala Constitucional.
Puede intentarse el amparo incluso contra decisiones judiciales cuando el órgano jurisdiccional ha actuado fuera del ámbito de su competencia, usurpando funciones o extralimitándose en sus atribuciones o abusando de su autoridad.
EL HABEAS CORPUS
En Venezuela comenzó a tener expresión constitucional en la Constitución de 1947 y rango expreso en la disposición transitoria quinta de la Constitución de 1961. En la de 1999 pasó a tener estructura de garantía procesal constitucional idónea para proteger la libertad y seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Es una de las especies del derecho al amparo constitucional mediante el cual se protege a la persona frente a la arbitrariedad del arresto o detención sin orden judicial, o con orden judicial ilegítima o ilegal.
Protege, asimismo, contra la falta de identificación de las autoridades que ejecutan las medidas privativas de libertad, así como contra la falta de información sobre los motivos de la detención. Igualmente protege contra la incomunicación y contra la ausencia del examen forense que deja constancia del estado físico de la persona para el momento de la aprehensión. Finalmente, protege contra las penas infamantes y contra las que excedan los treinta años.
En aquellos casos donde se interponga contra decisiones judiciales, estas deben carecer de un medio ordinario de impugnación o que dicho medio no sea el adecuado para la protección constitucional que se pretende. No corresponde su competencia al control concentrado de la constitución y puede ser interpuesto ante tribunales ordinarios. La legitimación para el ejercicio de esta garantía corresponde al afectado, a sus familiares, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo.
EL HÁBEAS DATA
Es la garantía procesal constitucional para tutelar los derechos personalísimos al honor, decoro, imagen, vida privada, confidencialidad y personalidad de los ciudadanos y ciudadanas mediante la obtención de oportuna y adecuada información que se encuentre registrada en archivos del Estado o de particulares. Los antecedentes de esta garantía se están en el amparo constitucional y en el habeas corpus. la Constitución Brasileña La denominó “corpus data”, con el propósito de dar privacidad a los ciudadanos y ciudadanas, frente a la manipulación de datos o informaciones inexactas o incorrectas.
El bien jurídico protegido por el hábeas data es el derecho a no divulgar datos que puedan causar perjuicio a las personas naturales o jurídicas y tiene eficacia aún después de fallecida la persona natural. Hay jurisprudencia en Venezuela en la cual a través de esta acción se protege la memoria de personas que han dejado de existir.
El recurso con ocasión a esta garantía es extraordinario. Debe tener como fundamento la violación a un derecho constitucional o la inminencia de que esto pueda ocurrir. Se ejerce en forma absolutamente gratuita y procede cuando se han agotado las vías ordinarias que impidan u obstaculicen la reparación al daño o a la garantía infringida. El no acatamiento de la decisión se sancionará conforme a derecho.
El TRIBUNAL SUPREMO COMO GARANTE DE LAS NORMAS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
El artículo 335 de la Constitución venezolana establece que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las demás Salas del Tribunal Supremo, así como para los otros tribunales de la República.
El principio de la supremacía de la Constitución requiere, por parte de los operadores constitucionales, la voluntad de hacer cumplir esta norma y, en consecuencia, sancionar a quienes no acaten la supremacía de esta jerarquía. Tal labor implica prudencia y sensatez para sortear el riesgo de no actuar irreflexivamente al momento de tomar esa decisión de sancionar a los infractores. Estas actuaciones exigen siempre un ejercicio de ponderación para que no altere los supuestos de la norma constitucional.
CARÁCTER VINCULANTE DE ESTAS INTERPRETACIONES
Debemos señalar, aun con la brevedad del caso, lo dispuesto en la citada disposición legal respecto al carácter vinculante de las interpretaciones que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo pueda realizar sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales; y señalar, igualmente, el carácter vinculante de tales interpretaciones aún para las demás Salas de dicho Tribunal.
Este artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la única norma del texto Fundamental venezolano que establece el carácter vinculante de las sentencias que resuelven asuntos relacionados con la interpretación de normas y principios constitucionales. Esto no debe entenderse, sin embargo, como un monopolio de la Sala Constitucional.
Todos los tribunales tienen, a través del amparo constitucional, a través del control difuso de la Constitución y del propio ejercicio jurisdiccional de administrar justicia, la necesidad en algunos casos de interpretar leyes a la luz de la Constitución. Sólo que cuando esa interpretación llega a la Sala Constitucional es ésta la que acoge o desecha la interpretación que ha realizado el tribunal de instancia.
La Sala Constitucional no tiene el monopolio del rechazo de una ley por inconstitucional. Cualquier juez competente puede ejercer esa facultad. La diferencia entre la decisión del juez de instancia y la decisión de la Sala Constitucional está en que el juez de instancia solo tiene competencia para desaplicar la norma, mientras que la Sala Constitucional puede anular la ley o la norma.
Todo este procedimiento nada tiene que ver con la institución de la revisión constitucional mediante la cual la Sala Constitucional puede, ya no revisar las interpretaciones de las Salas del Tribunal Supremo, para ajustarlas al propósito del constituyente, sino que, mediante la revisión, la decisión puede expresarse con otro contenido, como anular la decisión de las Salas.
Está claro que el carácter vinculante al que nos referimos deviene de la jerarquía atribuida por el artículo 335 de la Constitución venezolana y en lo que se refiere a las demás Salas del Máximo Tribunal, diferentes a la Sala Constitucional, el ejercicio de la revisión es un mero acto de lógica jurídica.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo es la máxima instancia para interpretar la Constitución para concluir algunas decisiones. Estas interpretaciones estarán sujetas, por mandato constitucional, a la competencia de dicha Sala como instancia jurisdiccional legítima para uniformar la constitución y, por tal razón, sus interpretaciones se imponen sobre las demás Salas del Tribunal Supremo, en atención a la competencia y no a la jerarquía.
LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA
La revisión de sentencias definitivamente firmes es una potestad inédita, excepcional y extraordinaria de control constitucional creada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV).
Sin dudas constituye un límite a la cosa juzgada que hace estable e inatacable la sentencia. Es una garantía de seguridad jurídica, pero como todo derecho tiene limitaciones. Ya antes el legislador venezolano había limitado el carácter definitivamente firme de las sentencias mediante el recurso de invalidación (Código de Procedimiento Civil); a través del recurso penal de revisión (Código Orgánico Procesal Penal) y con la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, mediante el amparo constitucional contra sentencias definitivamente firmes.
En la teoría procesal la certeza jurídica que da justificación a la cosa juzgada tiene límites. Eduardo Couture considera necesario que la cosa juzgada no se acepte como un dogma o valor absoluto. “La razón aconseja –afirma el teórico uruguayo- que el escrúpulo de verdad tenga más fuerza que la certeza judicial por cuanto la firmeza del fallo debe, en determinadas condiciones, ceder ante la necesidad de la verdad”. De esta manera -nos señala el maestro- que el derecho no es, ni puede ser estático sino, por el contrario, bien dinámico y en consecuencia tener como primer fin la justicia verdadera más que el culto a los dogmas formales.
Claro está, que la potestad extraordinaria de revisión de sentencias con carácter de cosa juzgada, sólo podrá ser ejercida excepcionalmente y por causas específicamente establecidas en la ley o en la propia Constitución. Esa potestad es restringida porque de lo contrario se podría perder la integración, el equilibrio y la coherencia que deben existir entre las normas y la Constitución. (Esta potestad de revisión se halla establecida en Venezuela en el artículo 336, numeral 10 de la Constitución).
Esta potestad revisora o de revisión carece de antecedentes, tanto en Venezuela como en otros países, aún cuando existen figuras similares en EEUU (certiorari), Alemania (amparo constitucional), Colombia (revisión de sentencia de tutela) y Argentina (recurso extraordinario federal), razón por la cual no existe un amplio marco teórico acerca de dicha institución. No cuenta aún Venezuela con una ley orgánica que establezca los métodos, supuestos y limitaciones a la citada potestad revisora y toda la doctrina sobre esta materia se ha construido con base a la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal.
Procede la revisión, a solicitud de parte interesada o por remisión judicial. Pueden ser objeto de revisión las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes, dictadas por los Tribunales de la República. La Constitución establece, además, que la finalidad de la revisión es uniformar la interpretación de las normas y principios de la Constitución; garantizar la uniformidad en la interpretación de las normas y principios constitucionales y la eficacia del Texto Fundamental y de la seguridad jurídica. Por ello la revisión no debe considerarse como una instancia más dentro del proceso, ni mucho menos una tercera instancia.
¿Contra quien puede proponerse? A) contra las sentencias de amparo constitucional y las sentencias de control de constitucionalidad. B) contra cualquier otra sentencia siempre y cuando el fallo a revisar contraríe la interpretación vinculante dictada por la Sala, o cuando la decisión, incluyendo las de las Salas del Tribunal Supremo, haya incurrido en un error grotesco (criterio establecido en varias sentencias: No. 409 del 19-05-200, No. 1250 del 24-10-2000, No. 520 de 07-06-2000, No. 33 del 25-01-2001, No.93 del 06-02-05 -caso Corpoturismo- y la No. 2815 del 14-11-2002)
Se entiende que en todos los casos señalados las sentencias contra las cuales pudiera proceder la revisión son aquellas dictadas con posterioridad a la Constitución de 1999.
LA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN
El órgano competente para ello en Venezuela es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El ejercicio de esta actividad debe desarrollarse de manera que no se la entienda como invasión jurisdiccional temeraria respecto de las atribuciones de los demás Poderes Públicos.
En la doctrina, el control sobre las omisiones constitucionales dispone recomponer el imperio de la Carta Fundamental en todos los casos en los cuales temporalmente se ha bloqueado la acción funcional, y el órgano competente, por esa razón, no ha podido cumplir lo que la Carta Magna le ordena. Vale recordar que en estos casos de control de la constitucionalidad por omisión son inseparables tanto el tema de la decisión a tomar, como el espíritu y propósito del Texto Fundamental que se expresa en una norma suprema.
La omisión constitucional, según la jurisprudencia venezolana consiste “…en el incumplimiento de un acto o conducta de una autoridad en menoscabo de lo ordenado por la Constitución, sea total o parcialmente y, bastando para ello, que haya sido constatado la falta de cumplimiento de la actividad constitucionalmente prevista, motivo suficiente para que la Sala Constitucional actúe, independientemente de que el acto haya o no comenzado a concretarse, siempre y cuando no haya culminado”. (Sentencia 1582 del 12 de junio del 2003)
COMPETENCIA PARA LA ACCIÓN POR OMISION CONSTITUCIONAL
En Venezuela esta actividad compete exclusivamente al control concentrado de la Constitución el cual se ejerce a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, respecto de las leyes y actos del Poder Público que se dictan en ejecución directa de la Constitución. La inconstitucionalidad por omisión está prevista en el numeral 7 del artículo 336 de la Constitución: “Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo municipal, estadal o nacional, cuando hayan dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta constitución o las haya dictado de forma incompleta y establecer el plazo, y de ser necesario los lineamientos de su corrección”.
VISUALIZACIÓN DE LA OMISIÓN CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA
Veamos, pedagógicamente, con el fin de sistematizar didácticamente la manera como se expresa esta institución. Un ejemplo sencillo nos permitirá visualizar la experiencia. La jurisprudencia data del 12 de junio del 2003 y fue recogida en la Sentencia 1582 de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal.
Los hechos: en mayo del año 2003 dos abogados, en fechas distintas, interpusieron ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad por “omisión constitucional” contra la Asamblea Nacional venezolana (Poder Legislativo), en razón de no haber designado, tal como lo ordena la Constitución, los miembros principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (Poder Electoral). Ambas acciones tenían idénticos supuestos y por lo tanto fueron acumuladas. El propósito de estas acciones estaba destinado a que la Sala Constitucional llenara, provisoriamente, el vacío causado por el Poder legislativo, hasta tanto se diera cumplimiento a la obligación constitucional.
La Sala, al sustanciar el caso, acordó: 1. Ratificar la acumulación de las causas 2. Admitir las acciones de inconstitucionalidad por “Omisión legislativa” contra la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) 3. Negar el trámite de las acciones como de mero derecho 4, Declarar de urgencia la causa, para lo cual redujo los lapsos 5. Notificar al Presidente de la Asamblea Nacional, la Procuraduría General, la Fiscalía General de la República y al Defensor del Pueblo 6. Establecer los términos para que las partes y los interesados alegaran y probaran lo que estimasen conveniente y 7. Un lapso de 30 días contado a partir de la admisión de las acciones, para dictar sentencia.
Previo a la decisión la Sala consideró: 1. Que el Poder Público venezolano está integrado por 5 poderes, uno ellos el Poder Electoral, razón por la cual para desarrollar el régimen constitucional es necesaria la presencia de esos cinco poderes. 2. Constató la Sala los pasos cumplidos por el Poder Legislativo para dar cumplimiento a la disposición transitoria supuestamente incumplida 3. Detectó su cumplimiento parcial y que, el mismo, no produjo la designación de los rectores electorales. 4. Indicó, la Sala que esa elección, conforme a la ley respectiva, debió haberse realizado en los 10 días continuos al momento de haberse recibido por secretaría las postulaciones entregadas por el Comité respectivo 5. Señaló, igualmente, la Sala que la elección debió escoger los rectores principales y sus suplentes 6. Que la omisión del nombramiento era un hecho que se constataba por si solo 7. Que la omisión parcial –aún sin ser ilegítima- conducía a que la Sala estaba en capacidad, conforme a su competencia, de declarar la omisión, así como para establecer un plazo para corregir la omisión 8. Que si el plazo otorgado por la Sala no era cumplido, ésta podía hacer uso de la competencia para delinear los correctivos correspondientes 9. Que cualquier correctivo decidido por la Sala sería de carácter provisorio hasta tanto el Poder Legislativo ejerciera sus atribuciones constitucionales 10. Que tomada la decisión por el Poder Legislativo, de inmediato cesarían las medidas provisorias de la Sala, más no la legalidad y la validez de los actos que con ocasión a la decisión de la Sala se hubiesen cumplido provisoriamente.
Con base a estas consideraciones la Sala constató la omisión y, con fundamento en los artículos 335 y 336 (numeral 7) de la Constitución, otorgó al Poder legislativo un lapso de 10 días continuos, a partir de la resolución adoptada, para que la Asamblea Nacional venezolana designara, tomando en cuenta los candidatos postulados por el respectivo Comité de Postulaciones los Rectores Electorales y sus suplentes. Concluyó la Sala que si, trascurrido el lapso de 10 días, debidamente pautado, no se producían los nombramientos aludidos, ella lo haría en un término de diez días continuos.
El 25 de agosto del 2003 la Sala explicó que la Asamblea nacional no había designado a los Rectores del Poder Electoral en el lapso establecido y procedió a tomar la decisión con base a los siguientes supuestos: 1. Los nombramientos serían provisionales 2. Fundó su decisión en la supremacía constitucional para evitar el vacío institucional resultante de la omisión en que había incurrido el Poder legislativo 3. Tomó en cuenta para la decisión, los actos realizados por los Comités de Postulaciones Electorales anteriormente constituidos ante el Poder Legislativo, así como los nombres asomados por dichos Comités, dejando a salvo la facultad para elegir a alguien no propuesto por estos. 4. Garantizó la autonomía al Poder Electoral provisorio electo por la Sala y procedió a su designación y juramentación.
Creemos de esta manera haber visualizado en un caso concreto la manera de aplicar en Venezuela el control de la omisión constitucional por parte de la autoridad que, con menoscabo de lo ordenado por la Constitución, no dio cumplimiento a su atribución.
Nuestra Constitución expresa el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Fue hecha para el cambio social y aún no lo ha concretado plenamente. Ella reivindica un concepto integral de soberanía y la necesidad de promover una democracia donde haya una nueva y mejor relación entre el Estado y la sociedad, así como el más amplio catálogo de derechos humanos. Es un texto inconcluso, en transición que se debe revisar continuamente, para adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y políticas del país.
En ese sentido el artículo 2 de nuestra Constitución está dirigido a democratizar el poder político y económico, profundizar la democracia participativa, ir a un Estado democrático y social de derecho y de justicia, propugnar valores superiores en el ordenamiento jurídico, mejorar la vida individual y colectiva, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
